A QUIEN CORRESPONDA (Con copia a mi partido el PSOE)
Escrito que se presenta públicamente el 7 Abril 2014.
Los abajo firmantes, víctimas
directas del torturador José Antonio González Pacheco, conocido como Billy el
Niño, ante la vista pública convocada el próximo día 10 de abril en la
Audiencia Nacional sobre su posible extradición a la Argentina para responder
por los cargos presentados contra él, al igual que contra otros acusados de
crímenes durante la dictadura franquista en el marco de la llamada “Querella
Argentina”, nos consideramos moralmente autorizados y obligados a expresarnos por
medio de la presente nota.
En estas fechas en que tanto se
ha hablado de otras víctimas, resulta una vez más sangrantemente paradójico y
chocante el trato discriminatorio, el desprecio tan sistemático al que seguimos
siendo sometidas por parte de todos los poderes públicos las víctimas de la
dictadura en nuestro propio país. Han pasado casi ya 40 años de la desaparición
física del dictador, y sin embargo, una espesa capa de impunidad y ocultación
sigue cubriendo los numerosos crímenes cometidos por aquel régimen hasta en sus
estertores finales. Ni uno solo de sus perpetradores ha respondido por sus
actos, ni una sola de sus víctimas ha sido oficialmente reconocida como tal.
Dado el tiempo transcurrido,
muchas de las víctimas de la dictadura ya no pueden aspirar a que la verdad sea
conocida o a recibir justicia y reparación por sus sufrimientos, puesto que han
fallecido a lo largo de esta larga travesía de indiferencia oficial.
Sin embargo, también somos
bastantes las víctimas y testigos directos que aún estamos aquí, comprobando no
solamente como se nos niega nuestro derecho a la justicia, sino como muchos
responsables de los crímenes que en algunos casos hemos padecido en propia
carne gozan no ya de impunidad, sino incluso de puestos y prebendas oficiales.
Y chocando una y otra vez contra el muro de indiferencia e hipocresía que los
sucesivos gobiernos y estamentos judiciales han levantado para proteger a los
criminales.
Todos los organismos
internacionales de derechos humanos reconocidos nos dan la razón, los
argumentos esgrimidos por el gobierno y la judicatura en nuestro país para
cerrar todas las puertas a la investigación y apertura de procesos por los
crímenes del franquismo, son flagrantemente inconsistentes frente a los
tratados y la legalidad internacional, además de éticamente impresentables. Ni
la prescripción, ni la amnistía son aplicables a los crímenes de lesa
humanidad, ni la falacia de que estos crímenes se están ya investigando en
España son otra cosa que burdas excusas para enmascarar la protección del
estado a los criminales.
Un estado que se pretende
respetuoso con los derechos humanos, pero que aún permite la pervivencia de
innumerables vestigios públicos de homenaje a hechos y personajes del antiguo
régimen, posicionando con todo ello a España en cabeza de los países más
recalcitrantemente negadores de su propia memoria, como uno de los últimos
reductos de la impunidad.
Hasta tal punto ha llegado la
cerrazón y el empecinamiento de las autoridades españolas en su negativa a
reconocer nuestro derecho a la verdad y la justicia, que nos hemos visto
obligados a recurrir al principio de justicia universal ante crímenes de lesa
humanidad, y buscar justicia fuera de nuestro país. Es algo que nos avergüenza
como ciudadanos y que nos cuesta explicar a los jóvenes que no vivieron esos
años y que no pueden asumir esta herencia infame.
Pero ni nosotros/as ni la
mayoría de nuestra sociedad aceptaremos indefinidamente la mordaza y la venda
impuestas; por el contrario, cuanto más tiempo pase sin hacerse justicia, mayor
será el clamor, mayor el dolor y la indignación, y también mayor la culpa de
los que nos intentan silenciar e ignorar.
Que quede bien claro: en este
caso concreto, así como en el resto de casos incluidos en la Querella
Argentina, las víctimas conocemos el crimen, conocemos al criminal, hemos
denunciado y documentado los hechos, somos la prueba viva del delito, y
mientras nos quede un soplo de vida llegaremos hasta donde haga falta para
obtener justicia.
En consecuencia, exigimos de
ese tribunal que no cierre la única vía que se que ha conseguido abrir tras
todos estos años, y, ya que en nuestro propio país se nos niega la justicia que
en derecho nos corresponde, permita que en aplicación del principio de justicia
universal contra los crímenes de lesa humanidad, sea extraditado el torturador
González Pacheco a la Argentina para responder de sus fechorías.
Comentarios
Publicar un comentario