SORTU: legalizar la paz (art. publicado en DEIA el 25/02/11)
Conviene analizar los últimos acontecimientos que tienen que ver con el final de la violencia con una cierta prudencia y siempre después de pasado un cierto tiempo. Cuando Batasuna (hay que llamar a cada cual por su nombre para poder entendernos) anunció que en el marco de una acto organizado por Lokarri, asociación social con la que llevo colaborando desde su nacimiento y antes con Elkarri, iba a presentar su nuevo proyecto político ya imaginaba que algo importante, quizás trascendente, iba a ocurrir ese día.
Por cierto quiero aprovechar para felicitar y mostrar mi reconocimiento al trabajo realizado por su máximo responsable Paul Ríos. Algún día cuando la paz esté consolidada y se escriba la verdadera historia de estos años, se apreciará con nitidez la importancia de su figura y quizás entonces quienes durante este tiempo han sido tan injustos acaben rindiéndose a la evidencia de ese esfuerzo fundamental a favor de esa paz.
Tenía esa impresión ya que se preveía una medida audaz por parte de Batasuna, pero lo que no imaginé es que el avance fuera de tanto calado tan profundo. Aún me encuentro en situación de shock releyendo las dos intervenciones de Rufi Etxeberría y de Iñigo Iruín, rompiendo cualquier molde que pudiera tener establecido. El rechazo explícito a la violencia de ETA, sea esta de la manera que sea, supone cumplir la norma que durante años les hemos exigido.
Recordar aquí que según la jurisprudencia existente esa exigencia pasaba porque utilizaran dos posibles conceptos a la hora de enfrentarse con la práctica violenta: rechazo o condena. Hemos sido nosotros, los que nos autodenominamos demócratas, los que hemos fijado las reglas del juego y ellos las han aceptado eligiendo uno: el rechazo, con lo que, nos guste más o menos, cumplen con lo exigido. ¿Que nos hubiera gustado más que fuera el concepto de condena?, pues lo teníamos que haber pensado mejor y limitar la exigencia exclusivamente a eso, porque al dar las dos opciones debemos ser respetuosos con que decidan utilizar la que menos nos puede agradar. Aunque lo más importante debiera ser el fondo y no la forma. Si realmente creemos o no que han llegado a la conclusión, sea política o ética, de que la violencia ya no tiene ningún sentido. Al menos por mi parte confío en que así ha sido.
Pero han ido aún más lejos. El nuevo partido que han creado: SORTU, recoge en sus estatutos además de su rechazo nítido al uso de la violencia, de cualquier tipo de violencia haciendo incluso una referencia explícita a ETA, un elemento que a mí al menos me ha sorprendido gratamente: que se expulsará a cualquier militante que justifique o ampare dicha violencia. Por cierto que al hilo de esta exigencia comentar que por primera vez en su historia se constituyen como partido político clásico, incluyendo la figura del militante y abandonando su ya clásico espíritu asambleario.
El debate sobre si ha sido una decisión puramente táctica para poder estar presentes electoralmente o estratégica resulta estéril, porque está claro que la comprobación resultará evidente en su praxis política y con la reciente reforma de las leyes existentes hemos creado un “cortafuegos” que impide el engaño.
Después de esta exposición y desde planteamientos puramente democráticos cabe preguntarse: ¿no debe ser la aplicación de las leyes iguales para todos, incluidos aquí ellos? ¿Si como se comprueba cumplen escrupulosamente la Ley de Partidos no debieran ser legalizados de inmediato?
En cuanto al argumento utilizado desde que se conoció su posición nítida de condena (rechazo que significa lo mismo) a la violencia, por quienes han quedado absolutamente descolocados, de que son sucesores de una partido ilegalizado como Batasuna también cabe contestarle con otras preguntas: ¿acaso la democracia no garantiza que cualquier persona puede rectificar sus errores anteriores? ¿No hay en el seno de partidos democráticos como el PP, personas que han militado en otros ilegalizados de extrema derecha y no por eso se le ilegaliza? ¿Si un partido demuestra la superación de los motivos que provocaron su ilegalización no se debe permitir revisar ésta?
Por tanto también desde el punto de vista estrictamente jurídico, tal y como ha expuesto con brillantez el profesor Javier Pérez Royo, no existe ni una sola razón que pueda impedir su legalización. Por eso como soy de los que confía en la democracia de la que nos hemos dotado estoy convencido que el Tribunal Supremo desestimará todo los recursos que se puedan presentar y SORTU podrá estar presente en las elecciones de Mayo. Porque esa decisión supondrá el triunfo de le ley pero también y especialmente de la democracia.
Ellos han cumplido, ahora nos toca cumplir a nosotros y nos toca hacerlo desde la altura moral de ser un país democrático donde las reglas de juego son iguales para todos.
Pero no sólo debemos utilizar el análisis jurídico y democrático, porque queda aún más claro si cabe cuando introducimos también el social. Han sido demasiados años de sufrimiento para que nos permitamos el lujo de perder ni un solo día en disquisiciones estúpidas. El camino hacia la paz aún va a ser largo pero si eliminamos este primer obstáculo resultará más fácil.
Sin ningún miedo, porque tenemos las leyes que lo amparan, pero también la fuerza moral e incluso la opinión mayoritaria de la sociedad española. Las encuestas que están saliendo resultan esclarecedoras: 75 % a favor de legalizarles, 25 % en contra.
Habrá presiones mezquinas, incluso barriobajeras, utilizaciones burdas de las víctimas cuando lo que se nos debe exigir es que no haya ni una más después de esto. Habrá que hacer frente a todas estas presiones sabiendo que además de la legalidad también la razón está de nuestro lado, después de una etapa en la que la hemos utilizado más bien poco.
Porque el proceso de legalización de SORTU es en términos coloquiales como “la prueba del algodón” de nuestra joven democracia”. De cómo lo resolvamos, de si al frotar encontramos ese algodón democrático sucio o limpio depende la credibilidad y el fortalecimiento de la misma. Además de que posiblemente legalizando SORTU estemos ayudando a legalizar, a conseguir una paz tan largamente deseada.
Por último permitirme una última reflexión personal: después de esto seguirán empeñados algunos en expulsarme del PSOE por afirmar que Otegi trabajaba para llevar a Batasuna por la senda de la paz?
Como dijo Dylan, la respuesta está en el viento. De momento después de los últimos acontecimientos dormiremos más tranquilos.
Por cierto quiero aprovechar para felicitar y mostrar mi reconocimiento al trabajo realizado por su máximo responsable Paul Ríos. Algún día cuando la paz esté consolidada y se escriba la verdadera historia de estos años, se apreciará con nitidez la importancia de su figura y quizás entonces quienes durante este tiempo han sido tan injustos acaben rindiéndose a la evidencia de ese esfuerzo fundamental a favor de esa paz.
Tenía esa impresión ya que se preveía una medida audaz por parte de Batasuna, pero lo que no imaginé es que el avance fuera de tanto calado tan profundo. Aún me encuentro en situación de shock releyendo las dos intervenciones de Rufi Etxeberría y de Iñigo Iruín, rompiendo cualquier molde que pudiera tener establecido. El rechazo explícito a la violencia de ETA, sea esta de la manera que sea, supone cumplir la norma que durante años les hemos exigido.
Recordar aquí que según la jurisprudencia existente esa exigencia pasaba porque utilizaran dos posibles conceptos a la hora de enfrentarse con la práctica violenta: rechazo o condena. Hemos sido nosotros, los que nos autodenominamos demócratas, los que hemos fijado las reglas del juego y ellos las han aceptado eligiendo uno: el rechazo, con lo que, nos guste más o menos, cumplen con lo exigido. ¿Que nos hubiera gustado más que fuera el concepto de condena?, pues lo teníamos que haber pensado mejor y limitar la exigencia exclusivamente a eso, porque al dar las dos opciones debemos ser respetuosos con que decidan utilizar la que menos nos puede agradar. Aunque lo más importante debiera ser el fondo y no la forma. Si realmente creemos o no que han llegado a la conclusión, sea política o ética, de que la violencia ya no tiene ningún sentido. Al menos por mi parte confío en que así ha sido.
Pero han ido aún más lejos. El nuevo partido que han creado: SORTU, recoge en sus estatutos además de su rechazo nítido al uso de la violencia, de cualquier tipo de violencia haciendo incluso una referencia explícita a ETA, un elemento que a mí al menos me ha sorprendido gratamente: que se expulsará a cualquier militante que justifique o ampare dicha violencia. Por cierto que al hilo de esta exigencia comentar que por primera vez en su historia se constituyen como partido político clásico, incluyendo la figura del militante y abandonando su ya clásico espíritu asambleario.
El debate sobre si ha sido una decisión puramente táctica para poder estar presentes electoralmente o estratégica resulta estéril, porque está claro que la comprobación resultará evidente en su praxis política y con la reciente reforma de las leyes existentes hemos creado un “cortafuegos” que impide el engaño.
Después de esta exposición y desde planteamientos puramente democráticos cabe preguntarse: ¿no debe ser la aplicación de las leyes iguales para todos, incluidos aquí ellos? ¿Si como se comprueba cumplen escrupulosamente la Ley de Partidos no debieran ser legalizados de inmediato?
En cuanto al argumento utilizado desde que se conoció su posición nítida de condena (rechazo que significa lo mismo) a la violencia, por quienes han quedado absolutamente descolocados, de que son sucesores de una partido ilegalizado como Batasuna también cabe contestarle con otras preguntas: ¿acaso la democracia no garantiza que cualquier persona puede rectificar sus errores anteriores? ¿No hay en el seno de partidos democráticos como el PP, personas que han militado en otros ilegalizados de extrema derecha y no por eso se le ilegaliza? ¿Si un partido demuestra la superación de los motivos que provocaron su ilegalización no se debe permitir revisar ésta?
Por tanto también desde el punto de vista estrictamente jurídico, tal y como ha expuesto con brillantez el profesor Javier Pérez Royo, no existe ni una sola razón que pueda impedir su legalización. Por eso como soy de los que confía en la democracia de la que nos hemos dotado estoy convencido que el Tribunal Supremo desestimará todo los recursos que se puedan presentar y SORTU podrá estar presente en las elecciones de Mayo. Porque esa decisión supondrá el triunfo de le ley pero también y especialmente de la democracia.
Ellos han cumplido, ahora nos toca cumplir a nosotros y nos toca hacerlo desde la altura moral de ser un país democrático donde las reglas de juego son iguales para todos.
Pero no sólo debemos utilizar el análisis jurídico y democrático, porque queda aún más claro si cabe cuando introducimos también el social. Han sido demasiados años de sufrimiento para que nos permitamos el lujo de perder ni un solo día en disquisiciones estúpidas. El camino hacia la paz aún va a ser largo pero si eliminamos este primer obstáculo resultará más fácil.
Sin ningún miedo, porque tenemos las leyes que lo amparan, pero también la fuerza moral e incluso la opinión mayoritaria de la sociedad española. Las encuestas que están saliendo resultan esclarecedoras: 75 % a favor de legalizarles, 25 % en contra.
Habrá presiones mezquinas, incluso barriobajeras, utilizaciones burdas de las víctimas cuando lo que se nos debe exigir es que no haya ni una más después de esto. Habrá que hacer frente a todas estas presiones sabiendo que además de la legalidad también la razón está de nuestro lado, después de una etapa en la que la hemos utilizado más bien poco.
Porque el proceso de legalización de SORTU es en términos coloquiales como “la prueba del algodón” de nuestra joven democracia”. De cómo lo resolvamos, de si al frotar encontramos ese algodón democrático sucio o limpio depende la credibilidad y el fortalecimiento de la misma. Además de que posiblemente legalizando SORTU estemos ayudando a legalizar, a conseguir una paz tan largamente deseada.
Por último permitirme una última reflexión personal: después de esto seguirán empeñados algunos en expulsarme del PSOE por afirmar que Otegi trabajaba para llevar a Batasuna por la senda de la paz?
Como dijo Dylan, la respuesta está en el viento. De momento después de los últimos acontecimientos dormiremos más tranquilos.
Estimado Sr. Úriz:
ResponderEliminarNo habiendo encontrado otro medio de contacto, le dejo mi mensaje en esta sección de comentarios.
Le escribo en nombre de SeR (Socialistas en Red) [sersocialistas.blogspot.com], una joven comunidad de blogueros de izquierdas.
Algunos de nosotros hemos estado leyendo su blog y nos gustaría invitarle a formar parte de nuestra comunidad.
Si le interesa y desea más información, le ruego que se ponga en contacto con nosotros siguiendo este enlace.
Cordialmente,
ElSrM. (Miguel Ángel Almansa)
Por otra parte, y sobre lo que expone en su texto, soy de los que piensa que Sortu, si cumple con todos los requisitos legales para cualquier partido político, debe ser inscrito sin problemas en el registro del Ministerio del Interior.
ResponderEliminarDa igual que yo, o quién sea, no comparta su programa político ni su ideología y da igual también el pasado de sus militantes y simpatizantes. Si esas cosas no dieran igual, ¿estaríamos realmente en una Democracia? ¿Lo estaríamos si impidiésemos la asociación para la participación política de alguien por sus ideas y su programa políticos, siendo éstos compatible con la actividad normal de un partido político en nuestro país? ¿Lo estaríamos si la impidiéramos porque ha habido algunos de esos simpatizantes o militantes que estuvieron en el pasado más o menos relacionados con la extinta (jurídicamente) Batasuna o incluso con E.T.A.?
Creo que debe diferenciarse entre E.T.A. y todas sus organizaciones afines en el pasado y entre la izquierda abertzale. Creo que será bueno para todos. ¿Son nacionalistas periféricos, independentistas, marxistas-leninistas? Es asunto suyo. Partidos como p.ej. Falange son nacional-sindicalistas, con ideologías también extremas para los cánones actuales y pueden ejercer su actividad con normalidad. Si cabe en nuestro sistema de partidos la citada Falange, o si cabe un partido político (el P.P.) fundado por un ex Ministro fascista franquista como es el hoy Senador Fraga, Sortu debería caber también.
Claro está, lo que no daría igual y sí que haría que no cupiese Sortu es que dicha organización política incumpliese las leyes de nuestro país, incluida la polémica Ley de Partidos, que sirviesen para la actividad armada de E.T.A.
Pero entonces la legislación actuaria. Sin haber sucedido eso, no podemos —ni debemos; considero— actuar "preventivamente" en ningún caso. Eso muchos lo hemos condenado p.ej. en la guerra de los U.S.A. y la O.T.A.N. contra Irak, o lo hemos criticado p.ej. del Código Penal de la Rep. de Cuba, donde figura aquello de la "peligrosidad pre-delictiva".
Cordialmente,