viernes, septiembre 10

Manifiesto en defensa de la Mayoría Social y sus organizaciones- TRIBUNA SOCIALISTA

La Mayoría Social: los trabajadores y trabajadoras, estén empleados o desempleados; los trabajadores por cuenta propia; los que viven de una pensión pública; los jóvenes estudiantes, hijos e hijas de familias trabajadoras. Todos ellos y ellas tienen amenazados sus derechos básicos, sus condiciones de vida. Y no saben cómo podrán defenderse. El Gobierno elegi- do por esta mayoría, ahora, obedeciendo al FMI, la UE y a los mercados, ataca sus derechos y sitúa al Partido Socialista Obrero Español, frente a sus bases naturales, ante una política de destrucción y desregulación, abriendo las puertas a un gobierno de Rajoy.

Trabajadores y afiliados nos preguntamos con preocupación e incluso con angustia: ¿Quién va a representar nuestros intereses? ¿Cómo podemos lograr que nuestras organizaciones se enfrenten a esos ataques dando una alternativa que unifique a la gran mayoría y cambie el curso de las cosas?

El derecho a un puesto de trabajo digno, a la Salud y a la Educación públicas, a una vivienda, a una pensión de jubilación, son derechos inalienables e irrenunciables para la Mayoría Social. El Estado debería garantizar esos derechos básicos a través de las leyes, del respeto de los convenios colectivos y de la actuación de la Administración Pública.

La lucha de los trabajadores, organizados en sus sindicatos y partidos, a lo largo de los últimos 160 años, ha conseguido avanzar en el establecimiento de los derechos antes reseñados. Esta lucha ha estado plagada de trabas y retrocesos, como las dos guerras mundiales y el golpe fascista de Franco contra el Gobierno legítimo de la República, que se saldó con la aniquilación física de los dirigentes obreros y de las organizaciones obreras.

Las generaciones actuales, que componemos la Mayoría Social, necesitamos defender las conquistas conseguidas con gran sacrificio, ninguna nos fue regalada. Debemos dotarnos de instrumentos para hacer frente a la mayor ola de agresiones contra los derechos de los trabajadores a nivel mundial, una situación en la que hemos visto destruir en dos años y medio, sólo en el Estado Español, más de dos millones de puestos de trabajo. Los trabajadores dirigen su mirada a las organizaciones políticas y sindicales tradicionales, exigiéndoles que acaben con esta situación.
La mayoría no puede aceptar 4,6 millones de desempleados. Hacen falta medidas extraordinarias para impedir los despidos y crear empleo. En lugar de ello, el Gobierno facilita los despidos, los abarata en una nueva Reforma Laboral, el mayor ataque a los trabajadores desde la muerte del Dictador. Y esa reforma no es una decisión propia, se trata de una reforma impuesta por los mercados y especuladores, dictada por el FMI y la UE, aprobada en las Cortes y el Senado con la abstención cómplice del PP y los demás partidos de la derecha CIU y PNV. Una reforma laboral que universaliza la indemnización por despido de 33 días por año trabajado y facilita a los empresarios el despido colectivo, saldándolo con 20 días por año trabajado, con financiación pública incluso para los despidos improcedentes. Amplía el campo de actuación de las Empresas de Empleo Temporal a sectores en los que no podían actuar, como la Administración y la construcción.

La agresión central es el ataque, no concluido aún, contra la negociación colectiva, que no es otra cosa que un ataque al sindicalismo de clase, obstáculo fundamental que el capitalismo encuentra en su carrera para dejar absolutamente indefensos a los trabajadores y trabajadoras.

El propio Gobierno está vulnerando múltiples convenios colectivos, comenzando por el acuerdo salarial de los empleados públicos, reduciendo sus salarios y empobreciendo por decreto a los trabajadores. Conculcación que ha marcado el camino a las administraciones autonómicas y municipales, así como a las asociaciones patronales de todos los sectores privados.

Al tiempo amenaza nuestras pensiones de jubilación, al pretender alargar la vida laboral hasta los 67 años, ampliar el periodo computado para calcular la pensión y exigir más años de cotización para acceder a ella.
Es lo último que la Mayoría Social nos esperábamos de quien prometió que el poder no le cambiaría.

Nos dicen que toman estas decisiones por nuestro bien, por nuestro futuro. Nada más lejos de la realidad. Quienes nos gobiernan han decidido abdicar de las obligaciones para las que fueron elegidos, para ponerse al servicio de los mercados, bancos, fondos de inversión y especuladores de toda laya. La UE nos entregó al FMI, que dicta al Gobierno todas sus “reformas”, y el Presidente del Gobierno y su equipo se dedican a aplicar estas medidas contra los trabajadores y la mayoría social.

Los banqueros y especuladores se arruinaron sin riesgo, pues los estados han movilizado sumas jamás pensadas para salvarles, solo en la UE más de 3 billones de euros para insuflar liquidez, avalar operaciones y hacerse cargo de activos tóxicos. Así han llevado a la ruina a los países, a los que hoy exigen que garanticen que les pagarán la deuda. Esa deuda no es de los pueblos. No se deben sacrificar las economías y las condiciones de vida de la mayoría para pagarla.

Los pueblos exigen un cambio de orientación, tanto a los partidos socialistas que gobiernan en Grecia, Portugal o España, como a los partidos socialistas y de izquierda que desde la oposición aceptan las exigencias de los mercados, exigencias instrumentalizadas por sus organismos internacionales: FMI, OCDE, Comisión Europea, Banco Central Europeo, etc. Un cambio que pasa necesariamente por tomar medidas de emergencia como la nacionalización de la Banca para garantizar que circula el crédito, en definitiva, para crear empleo y para salvar la sanidad y la educación pública de las manos privadas.

En España, el Gobierno ha tenido la oportunidad de hacerse con una red de distribución de crédito tan potente como la red bancaria privada, sin embargo se ha doblegado. El FMI y Bruselas han exigido la reconversión de las cajas de ahorros, entregándolas a los especuladores con la destrucción de más de 20.000 puestos de trabajo, y el cierre de un tercio de la red de oficinas. La afrenta es más grave aún cuando esta operación se lleva a cabo con 12.000 millones de euros de dinero público.
Los trabajadores, la mayoría social no pueden aceptar. Esperan de sus organizaciones que detengan esa avalancha de agresiones, con otras políticas, medidas socialistas al servicio de la mayoría y no de los especuladores. En particular, reclaman a UGT y CCOO que encabecen una huelga general que aunando todas las fuerzas de la mayoría, todas las reivindicaciones, logre iniciar este cambio de rumbo.

Contra la Reforma Laboral y los recortes sociales, CCOO y UGT han convocado una Huelga General para el 29 de septiembre. La mayoría social necesitamos que esta convocatoria sea un éxito, una huelga general y absoluta, para dar una respuesta contundente a los mercados, a sus gestores y a sus cómplices necesarios, los medios de comunicación de masas. Una mera protesta “por dignidad”, no puede echar atrás las agresiones, sino que envalentonaría a los que quieren destruir a nuestras organizaciones. Hace falta una verdadera huelga general con objetivos claros: derogación del plan de ajuste, la reforma laboral y la ley de cajas, echar atrás la propuesta de reforma de pensiones, anular las rebajas salariales, crear empleo mediante un aumento general de salarios y pensiones y un plan masivo de desarrollo de servicios públicos, todo ello acompañado de un incremento de los impuestos y una severa y auténtica lucha contra el fraude fiscal.

Toda esta batería de mazazos a la Mayoría Social se produce en un momento en el que la Sanidad y la Educación públicas están en franco deterioro como método para justificar la falsa necesidad de privatización de lo público.

Los socialistas, miembros de la Mayoría Social, estamos obligados a defender nuestras posiciones, para defender nuestras organizaciones de las agresiones internas, de quienes han decidido poner los intereses de los mercados por encima de los intereses de su clase, de su base natural; de quienes sin ningún derecho, pues no son propietarios del PSOE, han decidido defender los intereses de los mercados y los mercaderes “cueste lo que cueste”. Como no puede ser de otro modo, los socialistas, debemos responder con contundencia a los analistas, tertulianos y opinadores de todo tipo que actúan de portavoces de los especuladores, en última instancia debemos dar una repuesta contundente a los mercados mismos.
Solo así tendremos alguna oportunidad de revertir la dinámica de destrucción de los derechos básicos de la Mayoría Social.

Entre otras iniciativas que se puedan plantear, llamamos a una conferencia de militantes socialistas – último trimestre 2010-, que compartan en todo o en parte este Manifiesto, para debatir y decidir qué hacer y qué forma política dar a esta posición contraria a la adoptada por el Gobierno de Zapatero.

Manifestamos claramente que nada está más lejos de nuestra intención que favorecer al Partido Popular, al contrariar las actuaciones de la dirección del Partido Socialista Obrero Español, que no de sus congresos. Pero este chantaje ha durado demasiado tiempo y ha llegado demasiado lejos.

Los socialistas, como miembros conscientes de la Mayoría Social, no podemos permanecer inmóviles ante el permanente deterioro de las condiciones de vida y trabajo.

Nada tenemos que ver con el Partido heredero del franquismo, el partido que nunca ha condenado los crímenes de Franco y que pone trabas para que se haga justicia con la memoria de las víctimas de la dictadura, el partido que avaló y participó de la Guerra de invasión de Irak, el partido del Decretazo de 2002…
Constatamos que en este preciso momento, se lanzan grandes maniobras para dividirnos y romper nuestras organizaciones.

Los que firmamos este manifiesto, militantes obreros de Barcelona y Madrid, de Vizcaya, Sevilla o el País Valenciano. Constatamos: que los centros de poder financieros y los rescoldos del franquismo en las instituciones del Estado, para poder imponer los planes de ajuste y las contrarreformas, lanzaron la sentencia del Constitucional contra el Estatuto de Cataluña, para provocar el enfrentamiento. Esa sentencia niega el derecho de las Cortes, del Parlamento de Cataluña y de los ciudadanos a tomar decisiones. Pretende atarnos para siempre a una Constitución monárquica que no se puede interpretar ni reformar sin permiso del PP.

Cerremos el paso a la división, al enfrentamiento entre los pueblos (en nombre de la Constitución y de la Unión Europea). No olvidemos la lucha contra la dictadura de Franco, que imponía por la fuerza una falsa unidad. Aprendimos a unirnos por los derechos sociales y democráticos comunes defendiendo todos juntos el derecho de cada pueblo a la libre determinación.

El momento es crítico. Mientras el capitalismo liquida las bases económicas y sociales comunes de los pueblos del Estado español, hay una escalada para enfrentarlos. Es indispensable movilizar a todas las fuerzas de la mayoría social para impedir la catástrofe que preparan y abrir una nueva etapa basada en la democracia más completa.

La clave es la más amplia unidad para derrotar a la gran coalición de los especuladores, de la derecha y de cuantos les hacen el juego. Agrupémonos en todas partes para reclamar a las organizaciones la unidad por la derogación de las contrarreformas, por el fin de los ataques a la convivencia. Luchemos en cada organización para este fin.

A la vez tenemos que constatar que muchos dirigentes, responsables e instancias se pliegan a los planes impuestos por el FMI, Bruselas o el Banco de España. A las exigencias de Obama y sus instituciones vasallas. Al consenso con el PP y con todas las derechas.

En las fábricas, en los ayuntamientos, en las diversas organizaciones, muchos luchamos para evitar que esa orientación se imponga, para evitar que se liquiden las conquistas y las propias organizaciones. Es indispensable reforzar esa resistencia de los trabajadores y trabajadoras, difundir experiencias, intercambiar propuestas, buscar formas prácticas de colaboración. Se trata de poner jalones para articular un gran movimiento, entre la mayoría social y en cada una de las organizaciones, para que éstas sean fieles a los intereses de la clase trabajadora y a las tradiciones socialistas, republicanas, democráticas. Los trabajadores, socialistas, y/o militantes de todas las corrientes en las que se agrupan los trabajadores, estamos obligados a defender nuestras organizaciones de las agresiones internas, de quienes han decidido poner los intereses de los mercados por encima de los intereses de su clase, de su base natural; de quienes han decidido defender los intereses de los mercados y los mercaderes cueste lo que cueste.

Los sindicalistas, hoy más que nunca, nos debemos a la razón de ser de los sindicatos: defender el valor de la fuerza de trabajo, nunca rebajarlo.
Los que aspiramos a la soberanía de nuestros pueblos no podemos sino salir en defensa, sin condiciones, de nuestras aspiraciones. Nadie que hable en nombre de la mayoría trabajadora puede aceptar que se sacrifiquen sus derechos, la vida de los pueblos al pago de una deuda artificial y ajena, al saneamiento de los bancos o a las órdenes de instituciones internacionales que no representan a los ciudadanos.
Es indispensable que las organizaciones actúen sin ataduras, so pena de acompañar al capital en su espiral de barbarie, el desmantelamiento social y a su destrucción misma. Hay que allanar el camino para que la mayoría resuelva a su favor la crisis económica y política. Están en juego 160 años de conquistas obreras.
A fin de dar un impulso a ese combate, invitamos a todos los trabajadores, socialistas, militantes de otras corrientes obreras, sindicales, jóvenes que comparten nuestras preocupaciones y aspiraciones a enviar delegados a un encuentro estatal para discutir libremente las propuestas aquí apuntadas u otras, buscando formas de colaboración práctica.

Invitamos a otros colectivos y a los miembros de la mayoría social, a suscribir este llamamiento y enviar delegados a el propuesto encuentro de socialistas.

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