Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos
L
A Ley Orgánica de Educación (LOE) implementó a partir de 2006 una nueva asignatura llamada Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. La puesta en marcha de la asignatura pretende cumplir con una recomendación del Consejo de Europa del año 2002, cuyo objetivo es el de "promover una sociedad libre, tolerante y justa y que contribuya, junto con las demás actividades de la Organización, a defender los valores y principios de la libertad, el pluralismo, los Derechos Humanos y el imperio de la ley, que son los fundamentos de la democracia".
Algunos sectores sociales y políticos de distinto signo ideológico han criticado la implantación de esta asignatura. Pero, quizás, las críticas más contundentes parten de posiciones conservadoras: Partido Popular, una parte de la jerarquía eclesiástica y otras asociaciones que defienden el derecho en exclusiva de los padres y madres a educar a sus hijos en valores, ética y moral, y acusan al Estado de una pretendida voluntad de adoctrinamiento ideológico e imposición totalitaria. Consecuencia directa del argumento utilizado por estos sectores sociales conservadores es la puesta en cuestión del derecho a la educación de los menores, ya que al plantear el derecho exclusivo de decisión de la familia sobre su educación se olvidan de que son los alumnos, como personas, los titulares de los derechos y no la familia. Los padres y madres tienen una función educativa esencial pero limitada. El menor es titular de derechos en sí mismo y el Estado tiene el deber de protegerlos.
No hay que acudir a los casos de malos tratos a los menores por parte de los padres para ejemplificar el deber protector de la sociedad en su conjunto y los instrumentos legales a su servicio. En nuestra sociedad, sigue estando presente de forma demasiado extendida la consideración de que la responsabilidad sobre el cuidado y atención a los menores es del dominio prioritario de los padres y madres, adjudicándole al resto de la comunidad: escuela, instituciones o entidades, vecinos, etcétera, un papel subsidiario. En concreto, a la institución escolar se le asigna el simple papel de entidad asistencial e instructora de las materias científicas.
A veces, incluso, la demanda social es contradictoria en sí misma puesto que mientras a la institución escolar se le exige cada vez más calidad educativa, menos capacidad de actuación y status social se le concede, siendo muestra de ello la cada vez mayor minusvaloración del papel del profesorado como transmisor de normas positivas de conducta social. Sin embargo, la educación de los menores no sólo es la acción de transmitir una serie de conocimientos y saberes más o menos científicos y objetivos. Se trata también (sobre todo dirían nuestros abuelos) de la transmisión de valores positivos que nos hagan mejores personas y ciudadanos.
Según expresa, de forma muy correcta a nuestro entender, un proverbio africano "para educar bien a un niño, hace falta la tribu entera". Esto es, es tarea de toda la comunidad la educación de nuestros niños y jóvenes. Educan los padres, los hermanos, la escuela, los medios de comunicación, los amigos, los parientes, los vecinos, etcétera. La sociedad, el Estado, por medio del sistema educativo es, siempre lo ha sido y además debe serlo, actor importante, aunque no único, en la ordenación de la educación a los menores y dentro de ello, en la estructuración del sistema de valores que tiene que impregnar el sistema educativo.
Entendemos que el argumento del derecho exclusivo de los padres y la Iglesia a la educación en valores de los menores, es, además de tendencioso, falso, contradictorio, perverso y sectario. Se reclama como derecho lo que es un privilegio, esto es, poder rechazar parte de un programa educativo. Todo ello, además, sin ofrecer ninguna garantía de que el mundo de valores que algunas familias puedan transmitir en exclusiva a sus hijos no esté trufado de principios machistas, xenófobos, racistas, etcétera. La sociedad, sus representantes democráticamente elegidos, las instituciones y la administración educativa tienen legitimidad para definir un marco básico en la sociedad, ampliamente aceptado, que defina los valores positivos asumidos por la generalidad.
Afortunadamente, diferentes estamentos, entidades e instituciones como el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el Defensor del Pueblo de nuestra comunidad ya han emitido dictamen sobre las argumentaciones de los sectores más conservadores rechazando sus pretensiones y rebatiendo desde el derecho y la razón sus demandas.
Es verdad que quizás no se ha dado un debate social suficiente para poder llegar a un consenso amplio y explícito sobre una ética mínima o ética civil que, partiendo de la racionalidad, se guíe por los principios del pluralismo, la democracia y la laicidad. Sin embargo, esta circunstancia no anula la necesidad ni la conveniencia de plasmar en el currículo educativo los instrumentos necesarios para trabajar con los alumnos este mundo de valores positivos. En este caso, la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una opción correcta.
La transmisión a nuestros jóvenes de un mundo de valores positivos, democráticos, plurales, respetuosos con la persona y con la justicia social es un elemento complicado en un mundo y modelo de sociedad en que demasiadas veces el triunfo social y el funcionamiento del propio sistema se construye alrededor de los contravalores y además se hace alarde de ello. La asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos no puede ser, por tanto, un camino acabado, sino una oportunidad de comienzo ilusionante.
Firman este artículo, por el Foro Iruña: Mikel Armendáriz, Fernando Atxa, Iñaki Cabasés, José Luis Campo, Ginés Cervantes, Miguel Izu, Manuel Ledesma, Javier Leoz, Guillermo Múgica, Iosu Ostériz y José Luis Úriz
A Ley Orgánica de Educación (LOE) implementó a partir de 2006 una nueva asignatura llamada Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. La puesta en marcha de la asignatura pretende cumplir con una recomendación del Consejo de Europa del año 2002, cuyo objetivo es el de "promover una sociedad libre, tolerante y justa y que contribuya, junto con las demás actividades de la Organización, a defender los valores y principios de la libertad, el pluralismo, los Derechos Humanos y el imperio de la ley, que son los fundamentos de la democracia".
Algunos sectores sociales y políticos de distinto signo ideológico han criticado la implantación de esta asignatura. Pero, quizás, las críticas más contundentes parten de posiciones conservadoras: Partido Popular, una parte de la jerarquía eclesiástica y otras asociaciones que defienden el derecho en exclusiva de los padres y madres a educar a sus hijos en valores, ética y moral, y acusan al Estado de una pretendida voluntad de adoctrinamiento ideológico e imposición totalitaria. Consecuencia directa del argumento utilizado por estos sectores sociales conservadores es la puesta en cuestión del derecho a la educación de los menores, ya que al plantear el derecho exclusivo de decisión de la familia sobre su educación se olvidan de que son los alumnos, como personas, los titulares de los derechos y no la familia. Los padres y madres tienen una función educativa esencial pero limitada. El menor es titular de derechos en sí mismo y el Estado tiene el deber de protegerlos.
No hay que acudir a los casos de malos tratos a los menores por parte de los padres para ejemplificar el deber protector de la sociedad en su conjunto y los instrumentos legales a su servicio. En nuestra sociedad, sigue estando presente de forma demasiado extendida la consideración de que la responsabilidad sobre el cuidado y atención a los menores es del dominio prioritario de los padres y madres, adjudicándole al resto de la comunidad: escuela, instituciones o entidades, vecinos, etcétera, un papel subsidiario. En concreto, a la institución escolar se le asigna el simple papel de entidad asistencial e instructora de las materias científicas.
A veces, incluso, la demanda social es contradictoria en sí misma puesto que mientras a la institución escolar se le exige cada vez más calidad educativa, menos capacidad de actuación y status social se le concede, siendo muestra de ello la cada vez mayor minusvaloración del papel del profesorado como transmisor de normas positivas de conducta social. Sin embargo, la educación de los menores no sólo es la acción de transmitir una serie de conocimientos y saberes más o menos científicos y objetivos. Se trata también (sobre todo dirían nuestros abuelos) de la transmisión de valores positivos que nos hagan mejores personas y ciudadanos.
Según expresa, de forma muy correcta a nuestro entender, un proverbio africano "para educar bien a un niño, hace falta la tribu entera". Esto es, es tarea de toda la comunidad la educación de nuestros niños y jóvenes. Educan los padres, los hermanos, la escuela, los medios de comunicación, los amigos, los parientes, los vecinos, etcétera. La sociedad, el Estado, por medio del sistema educativo es, siempre lo ha sido y además debe serlo, actor importante, aunque no único, en la ordenación de la educación a los menores y dentro de ello, en la estructuración del sistema de valores que tiene que impregnar el sistema educativo.
Entendemos que el argumento del derecho exclusivo de los padres y la Iglesia a la educación en valores de los menores, es, además de tendencioso, falso, contradictorio, perverso y sectario. Se reclama como derecho lo que es un privilegio, esto es, poder rechazar parte de un programa educativo. Todo ello, además, sin ofrecer ninguna garantía de que el mundo de valores que algunas familias puedan transmitir en exclusiva a sus hijos no esté trufado de principios machistas, xenófobos, racistas, etcétera. La sociedad, sus representantes democráticamente elegidos, las instituciones y la administración educativa tienen legitimidad para definir un marco básico en la sociedad, ampliamente aceptado, que defina los valores positivos asumidos por la generalidad.
Afortunadamente, diferentes estamentos, entidades e instituciones como el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el Defensor del Pueblo de nuestra comunidad ya han emitido dictamen sobre las argumentaciones de los sectores más conservadores rechazando sus pretensiones y rebatiendo desde el derecho y la razón sus demandas.
Es verdad que quizás no se ha dado un debate social suficiente para poder llegar a un consenso amplio y explícito sobre una ética mínima o ética civil que, partiendo de la racionalidad, se guíe por los principios del pluralismo, la democracia y la laicidad. Sin embargo, esta circunstancia no anula la necesidad ni la conveniencia de plasmar en el currículo educativo los instrumentos necesarios para trabajar con los alumnos este mundo de valores positivos. En este caso, la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una opción correcta.
La transmisión a nuestros jóvenes de un mundo de valores positivos, democráticos, plurales, respetuosos con la persona y con la justicia social es un elemento complicado en un mundo y modelo de sociedad en que demasiadas veces el triunfo social y el funcionamiento del propio sistema se construye alrededor de los contravalores y además se hace alarde de ello. La asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos no puede ser, por tanto, un camino acabado, sino una oportunidad de comienzo ilusionante.
Firman este artículo, por el Foro Iruña: Mikel Armendáriz, Fernando Atxa, Iñaki Cabasés, José Luis Campo, Ginés Cervantes, Miguel Izu, Manuel Ledesma, Javier Leoz, Guillermo Múgica, Iosu Ostériz y José Luis Úriz
Una gran parte de las dificultades que encuentran muchas personas a la hora de ejercer sus derechos son impuestas por otras personas que desconocen la importancia de los derechos humanos, o que no los respetan. Si queremos convivir en paz y con justicia es imprescindible que el Estado cumpla con su obligación constitucional de "remover los obstáculos" para el ejercicio de los derechos, a través de la educación y a través de la prevención, trasmitiendo valores de respeto hacia las minorías, de igualdad entre los géneros, y de reparto justo de la riqueza. No se trata de una obligación familiar que deben llevar a cabo exclusivamente los padres mediante la crianza de sus hijos, se trata de una obligación social que debe ejecutar el Estado.
ResponderEliminarFamilia, Educación y Ciudadanía
ResponderEliminarAlgunas personas del Foro Iruña han expuesto recientemente en este diario la necesidad y conveniencia de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Quienes nos oponemos a esta asignatura somos los primeros en reconocer la crisis de valores en la que se halla inmersa la sociedad que nos ha tocado vivir y, de modo específico, nuestra juventud. Lo que no cabe es achacar la crisis en exclusiva a una formación familiar deficiente cuando desde las propias administraciones y medios de influencia social se promueve un sistema de valores que ensalza y fomenta el disfrute inmediato, el egoísmo, la falta de compromiso y, en definitiva, una visión cortoplacista que abona un hedonismo incompatible con una visión de la sociedad como lugar de desarrollo y construcción de un futuro común y mejor para todos sus integrantes.
Los firmantes del manifiesto se lamentan de que todavía impere en nuestra sociedad la consideración de que "la responsabilidad sobre el cuidado y atención a los menores es del dominio prioritario de los padres y madres, adjudicando al resto de la comunidad (...) un papel subsidiario". Este principio, cuya vigencia asombra a los promotores de la EpC no es ciertamente indiscutible, pero su extensión histórica y geográfica es tan unánime que parece resultado del sentido común. Quienes tenemos una visión del hombre como persona que viene al mundo en el seno de una familia, entendemos que precisamente es esa familia el ámbito natural para el aprendizaje de la dimensión moral que pueda hacer de esa persona un sujeto feliz y un buen ciudadano. Los defensores de la EpC plantean esta obligación paterna -que tantos esfuerzos, disgustos y sinsabores, además de alegrías, depara- como una cuestión de poder. Como un pulso al Estado. Y su argumentación establece la obligación del Estado de garantizar la educación del menor por encima del criterio de sus padres. Un Estado fuerte que expropia a sus padres la primacía en la educación moral de sus hijos, que pasan a ser tutelados por las instituciones que antes se consideraban subsidiarias, al servicio de la educación que los padres elegían para sus hijos. Este es, a mi juicio, el nudo gordiano del debate. ¿Es la formación moral de los menores una obligación prioritaria de su familia o lo es del Estado?
Una concepción totalitaria del Estado no precisa de la institución familiar. Más aún: debe procurar desactivarla. Simplemente porque la familia es, hasta cierto punto, imprevisible e incontrolable. Y es que en la familia rigen unas leyes que superan una construcción positivista de la ética: el cariño, el amor, el sacrificio, la abnegación, la entrega desinteresada y otros valores que no pueden exigirse ni imponerse pero son el sustento de la cara más amable de nuestra realidad social. Cierto es que hoy en día las familias tienen menos tiempo, dedicación y hasta interés en procurar una buena educación a sus hijos. Pero debiera ser el Estado quien les facilitara medios para remediar estas carencias. La expropiación de los hijos, además de constituir un atropello, es un mal remedio porque ninguna administración podrá sustituir la dimensión educativa de la familia. La revolución cultural de Mao fracasó en su tiempo, pero es un tic connatural a las concepciones totalitarias. Porque una democracia puede llegar a ser totalitaria.
Debemos rearmar de valores nuestra sociedad. Pero, hasta por un criterio de pura eficacia, cada institución en su ámbito. La colaboración, continuidad y confianza de unas instituciones en otras facilitarán la tarea. Señores del Foro Iruña: los padres no pretendemos sustraer a la escuela su función formadora en valores cívicos. Para nosotros la escuela es importante porque es colaboradora en el deber que tenemos, como padres, de dotar a nuestros hijos con los mejores recursos para ser felices y contribuir a la mejora de la sociedad. Refuercen esa educación en valores que ya en su casa procuramos transmitirles, porque la familia es la primera y primordial escuela de urbanidad y solidaridad: "la libertad, el pluralismo, los Derechos Humanos y el imperio de la ley, que son los fundamentos de la democracia". En esta formación nos encontrarán siempre de su parte. Pero no podemos permitir que pretendan imponerles unos principios morales que vayan más allá de estos que ustedes señalan. Porque, a partir de aquí, será ideología partidista. Adoctrinamiento. Y no podemos construir una sociedad verdaderamente libre si no se respeta el pluralismo intelectual y moral.
Mariano Bailly-Baillière Torres-Pardo
Navarra Educa en Libertad
desarrollo@navarraeducaenlibertad.com